Skip to content

Tema 14. El proceso de Transición a la Democracia y la Constitución de 1978

13 abril, 2012

INTRODUCCIÓN

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975,  según establecían las leyes fundamentales del régimen, el Príncipe de España, después de jurar los Principios Fundamentales del Movimiento, debía suceder a Franco en la jefatura del Estado a título de rey. El juramento y sucesión tuvo el lugar el día 22 . Desde este momento, España entraba en una nueva época que conduciría  al país hacia un sistema político constitucional y democrático. El proceso de cambio que condujo de la dictadura a la democracia se ha denominado transición política.

  1. Las fuerzas políticas durante la transición.


A) Entre los políticos procedentes del franquismo existían dos sectores: los  inmovilistas y los aperturistas.

 

–  Los inmovilistas (el búnker) eran los viejos falangistas y la mayoría del Ejército. Constituían el sector dominante en las Cortes y en los medios de comunicación, siendo partidarios del “franquismo sin Franco”.

Los aperturistas no creían que el régimen pudiera perdurar sin Franco, y casi todos eran políticos jóvenes que provenían del Movimiento por ser éste el único partido en el que se podían hacer carrera política. Se trataba de hombres como Adolfo Suárez o Fraga Iribarne, que veían necesario un cambio político. Estos hombres formarían parte de los gobiernos de la transición.

B)  Fuera del régimen, la oposición, cada vez más crecida, presentaba dos tendencias: la moderada y la radical.

–    La oposición moderada, es decir, la derecha democrática, era muy reducida y apenas tenía influencia en la calle. Estaba compuesta por demócrata-cristianos, liberales y “juanistas” (monárquicos partidarios de don Juan). Querían el final del régimen pero por procedimientos no traumáticos, o lo que es lo mismo, no rupturistas. Sus líderes más destacados fueron Gil Robles y Ruiz Giménez.

–    La oposición radical era la izquierda clásica, PSOE, PCE, sindicatos clandestinos (CC.OO., UGT, CNT…), y todos los sectores que deseaban una ruptura que condujese a un proceso constituyente. El PSOE, hasta 1974 estuvo dividido entre los dirigentes del exilio y los jóvenes del interior, los “renovadores”, que creían que el partido debía tomar parte activa en el cambio político. Éstos, en el Congreso de Suresnes de 1974  acabaron imponiendo sus tesis y fue elegido Secretario General del PSOE Felipe González. En 1975, la influencia del partido socialista todavía era escasa, auque en ese año promovió la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática. El PCE siempre fue muy activo en la lucha contra el régimen y tuvo una fuerte influencia en ciertos sectores de la oposición como CC.OO. o determinados colectivos profesionales. Estaba dirigido desde el exilio por Santiago Carrillo y en 1974 creó la Junta Democrática para construir una plataforma unitaria de la oposición. La Junta estaba integrada por algunos partidos como el Partido Socialista Popular (PSP) liderado por Tierno Galván, y por organizaciones y sindicatos como CC.OO. Se proponía la ruptura democrática como fórmula para el cambio político. El PSOE se negó a integrarse en la Junta y por eso creó la ya mencionada Plataforma de Convergencia, donde se integraron otros grupos, partidos y sindicatos (UGT) de la oposición.  A la izquierda del PCE se situaban una serie de partidos comunistas más radicales (PTE, MC, ORT, LCR), pero de escasa implantación.

 

Entre los trabajadores, la fuerza determinante la tenía CC.OO. que hegemonizaba la lucha sindical, aunque ya UGT comenzaba a recuperarse. Otros sindicatos como CNT o USO (Unión Sindical Obrera), tenían una fuerza menor.

C) Las fuerzas nacionalistas.-   Desde 1971, existía en Cataluña un organismo unitario de toda la oposición que incluía a partidos, sindicatos y grupos diversos. Se denominaba Asamblea de Cataluña y su objetivo era el restablecimiento de la autonomía catalana. La derecha nacionalista la constituía el partido dirigido por Jordi Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña.

En el País Vasco, la oposición estaba dividida entre los grupos nacionalistas (PNV y ETA) y las fuerzas españolistas, éstas últimas con escasa implantación.

2. Los inicios de la monarquía de Juan Carlos I. El gobierno de Arias Navarro.

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I juraba ante las Cortes como nuevo rey de España. Había nacido en Roma y vino a España con diez años por acuerdo entre Franco y don Juan para ser educado aquí. El peso de la figura de Franco sobre su formación política hizo que muchos recelaran del talante del futuro Rey, en un principio considerado como el continuador del franquismo.

Sin embargo, el entorno del Rey diseñó un proceso político basado en la realización del cambio desde dentro de la propia legalidad de las leyes fundamentales, y para ello había que situar en los puestos clave de la política a las personas adecuadas. En este sentido, jugará un papel decisivo Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes por decisión del monarca.

El Rey mantuvo a Arias Navarro como presidente del gobierno para no alarmar a  los inmovilistas, pero le impuso un gabinete en el que entraron algunos ministros jóvenes partidarios de las reformas. En consecuencia, se produjeron fuertes contradicciones entre Arias, de talante franquista, y sus ministros reformistas (Fraga, Suárez, Martín Villa, etc..). Pronto se vio que Arias no era el hombre adecuado para conducir a España hacia la democracia. Sus propuestas reformistas eran ficticias y carecían de las seriedad suficiente como para democratizar el régimen.

Mientras, la dinámica social comenzó a desbordarse. En 1976 hubo una oleada de huelgas provocadas por la crisis económica y el paro creciente. También se produjeron numerosas movilizaciones exigiendo la amnistía de los presos políticos. Como consecuencia de este agitado clima social, aparecieron serios problemas de orden público, como el caso de Vitoria, donde en el transcurso de una manifestación, la dureza de la represión policial provocó  la muerte a balazos de cinco obreros y un centenar de heridos. También en Montejurra (Navarra) se produjeron dos muertos a manos de la ultraderecha en una concentración de carlistas. Ante estos hechos, la imagen reformista del gobierno quedó desprestigiada.

El búnker, atrincherado en las Cortes heredadas del franquismo, aprobó, sin embargo, una ley que ampliaba el derecho de reunión y otra que regulaba el derecho de asociación, pero sin llegar a permitir los partidos políticos. En realidad, no se avanzaba en leyes decisivas de liberalización política. El Rey había hecho unas declaraciones en las que mostraba su deseo de establecer una democracia, pero ni Arias ni las Cortes facilitaban el camino, así que forzó la dimisión del presidente del gobierno, que la presentó en el mes de julio de 1976.

  1. El gobierno de Adolfo Suárez.

El 3 de julio de 1976 fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez González. Procedía de las filas falangistas y pocos creyeron que fuera el hombre apropiado para traer la democracia a España. Pero las cosas sucedieron de manera muy distinta, y Suárez confeccionó un gabinete de ministros jóvenes como Marcelino Oreja, Martín Villa, Landelino Lavilla, Abril Martorell y Calvo Sotelo, que comenzaron a actuar de cara a la reforma. En el plazo de un año procedieron al desmantelamiento de las instituciones del régimen franquista, esencialmente las Cortes, y a la celebración de unas elecciones generales a diputados para unas Cortes democráticas compuestas por dos cámaras, Congreso y Senado. Este proceso desembocó en la promulgación de una nueva Constitución.

El gobierno de Suárez se propuso realizar el cambio con cautela, y tuvo que vencer las dificultades que presentó el viejo aparato del franquismo. En julio, las Cortes aprobaron la posibilidad de legalizar los partidos, menos el PCE, y poco más tarde se aprobó una amnistía para presos políticos, exceptuando los condenados por terrorismo. El mecanismo que los ministros reformistas tenían pensado estaba basado en la idea de ir con gran prudencia de “ley a ley” (de las leyes de Franco a las democráticas), y para ello había que elaborar una nueva ley básica que se llamó Ley para la Reforma Política (LRP).

La Ley para la Reforma Política.

El texto primitivo de esta ley fue redactado por Torcuato Fernández Miranda, y el texto definitivo fue presentado por Suárez al país a través de TV. Antes, había establecido contactos con líderes de la oposición como Felipe González y Santiago Carrillo.

La LRP es la pieza clave de la transición democrática. Tuvo el rango de Ley Fundamental y estableció las bases de un nuevo sistema parlamentario y constituyente a partir de las instituciones franquistas. Era un texto breve en el que se afirmaba la democracia y el principio de soberanía popular. Se adjudicaba a las Cortes (bicamerales) el poder legislativo, se establecía su elección por sufragio universal y se regulaba la vía para que asumieran en el futuro la reforma constitucional.

La LRP debía ser aprobada por unas Cortes que eran las heredadas del franquismo. Las sesiones se desarrollaron en un clima de expectación y con la oposición inicial del búnker a las reformas. El gobierno tuvo que maniobrar con astucia para conseguir su aprobación por las Cortes, el 18 de noviembre de 1976, tras una tensa y dura discusión. Como consecuencia de dicha aprobación, se produjo la disolución de las Cortes.

La LRP fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre, siendo aprobada por amplia mayoría de la población, a pesar de que la oposición, partidaria de la ruptura política, solicitó la abstención. Para el gobierno fue un éxito y salió reforzado del referéndum, mientras que la oposición acabó por abandonar la tesis rupturista.

  1. La oposición y las movilizaciones populares.

La transición no sólo fue obra de los gobernantes.  También jugaron un importante papel los grupos de la oposición y la movilización popular.

a)  La oposición.- En 1976 se creó Coordinación Democrática (la “Platajunta”) como resultado de la unión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Se convirtió así en el organismo unitario de la oposición democrática, cuyo programa era la ruptura y el cambio político mediante la presión y la movilización social. La ruptura suponía el inicio de un proceso constituyente que, a través de un gobierno provisional  y unas elecciones generales, estableciera las bases de un nuevo sistema político. Este proceso era opuesto al que proponían los reformistas, encabezados por Suárez, partidarios de una transición gradual.

De esta confrontación entre rupturistas (oposición) y reformistas (gobierno), surgió la fórmula de la  “reforma pactada” a partir de la primavera de 1977, cuando fueron legalizados los partidos.

b)  Las movilizaciones populares.-  La época de la transición vivió las más intensas movilizaciones populares producidas desde los años treinta. Fueron movilizaciones pacíficas, a veces perturbadas por enfrentamientos con las fuerzas policiales o por el terrorismo.

Jugaron un papel relevante en las decisiones políticas de los gobernantes y tuvieron una doble motivación:

–        la laboral y sindical,

–        la política, al exigir libertades, amnistía o autonomía regional.

Desde 1976 a 1978 las movilizaciones sociales y los movimientos huelguísticos fueron una constante en la calle. Una de las motivaciones más destacadas fue la petición de amnistía para los presos políticos. En noviembre de 1975 se había concedido un simple indulto que no favoreció tanto a los presos políticos como a los presos comunes. Fue en septiembre de 1976 cuando se concedió la primera amnistía para delitos de opinión.

  1. Las consecuencias de la crisis económica.

La transición tuvo lugar mientras una profunda crisis económica se producía a escala mundial. En España, se dejó sentir a partir de 1975 y se caracterizó por una altísima inflación, el aumento del paro, el aumento del déficit exterior (diferencia en dólares entre lo importado y lo exportado), etc. La crisis afectó sobre todo al sector industrial debido a los elevados costos de producción y de venta por la subida de los precios del petróleo,  y también por los errores de la política económica del gobierno, que hasta ahora  había dado prioridad a los problemas políticos a causa de las críticas circunstancias vividas por el país, “aparcando” los problemas de índole económica. El nuevo ministro de economía, Fuentes Quintana, creyó que era necesario realizar un pacto con todas las fuerzas políticas.

En octubre de 1977, se firmaron los Pactos de la Moncloa, donde se establecieron medidas económicas que implicaban a todas las fuerzas sociales, incluidas la patronal y los sindicatos. Estos acuerdos constituyen el primer gran conjunto de medidas para afrontar la crisis, y tenían como objetivos prioritarios reducir la inflación y tomar medidas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Las medidas tomadas fueron: devaluar la peseta, reducir el gasto público, racionalizar el consumo de energía, aumentar los salarios en función de la inflación, y realizar una reforma fiscal. También se acordó la devolución del patrimonio sindical, el control de la Seguridad Social y un programa de inversiones públicas.

Uno de los aspectos más importantes fue que sentaron las bases para modernizar la fiscalidad española, de manera que con un retraso de casi un siglo España se incorporó a la estructura tributaria de los países desarrollados.

En definitiva, los Pactos de la Moncloa permitieron al gobierno de Suárez establecer un consenso sobre la gestión económica, que resultaría vital para avanzar en la vía democrática.

  1. Elecciones democráticas y Constitución de 1978.

 

A.- La preparación del nuevo régimen.

  • La aprobación en referéndum de la LRP fortaleció la vía reformista propugnada por el gobierno, cuya labor más urgente era crear las condiciones para que se pudiese construir el nuevo régimen. Esto suponía, ante todo, la legalización de los partidos políticos para que los españoles pudieran elegir a sus gobernantes de forma democrática.
  • Tras la celebración del referéndum, transcurrieron los meses más difíciles de la transición. Se vivía en un permanente clima de tensión debido a las acciones terroristas tanto de los grupos de extrema derecha como de ETA y los GRAPO, que continuamente presionaban sobre las fuerzas de seguridad y el proceso de transición. El momento álgido fue la semana del 23 al 27 de enero de 1977, cuando se produjo el asesinato de un estudiante en una manifestación pro amnistía por elementos de la extrema derecha; los GRAPO secuestraron a un teniente general; y la ultraderecha asesinó a cinco abogados laboralistas del PCE en un despacho de la calle Atocha de Madrid. Fueron momentos de miedo y ansiedad, pero la respuesta del PCE fue una impresionante manifestación silenciosa que mostró la fuerza del partido. La semana terminó con el asesinato de tres miembros de las fuerzas del orden por parte de los GRAPO. En los días que siguieron la violencia remitió.
  • El gobierno de Suárez dictó en febrero un decreto-ley por el que se regulaba la forma de legalizar los partidos, excluyendo al PCE, convertido por el búnker y la cúpula militar en la bestia negra y en el símbolo de su resistencia al cambio. Otra medida adoptada por el gobierno fue la disolución del Movimiento.
  • Las fuerzas políticas se fueron preparando para las elecciones, al tiempo que aparecieron grupos políticos de todo signo (derecha, centro, izquierda):

–      Como grupo político de derechas apareció Alianza Popular (el actual Partido Popular), liderada por Fraga e integrada por varios ex ministros franquistas. Presentaba un programa conservador basado en el orden y la autoridad.

–    Suárez había logrado formar su propio partido, Unión de Centro Democrático (UCD), variopinta coalición de demócrata-cristianos, liberales, socialdemócratas y hombres procedentes del Movimiento, como el propio Suárez. Su principal baza era la trayectoria y figura del presidente, cada vez más popular.

–         La izquierda se identificaba con los partidos de tradición obrerista, como el PSOE y el PCE, además de un importante número de grupos de extrema izquierda.

  • La legalización del PCE.-  Para que las elecciones fueran verdaderamente democráticas era necesario legalizar a los comunistas, pero este era uno de los problemas más graves para el gobierno, que llevó a cabo su legalización durante las vacaciones de Semana Santa de 1977. El impacto fue tremendo. Mientras los comunistas lo celebraban, el Ejército emitió una nota en la que aceptaba la decisión por “disciplina y patriotismo”, pero dejó entrever su malestar ante la decisión del gobierno. El PCE renunció a plantear la alternativa republicana y aceptó la bandera bicolor para apaciguar los ánimos y mejorar la imagen del partido ante los que recelaban de él. Para muchos siguió siendo un partido revolucionario pese a su cambio de imagen. Los comunistas tuvieron poco tiempo para preparar la campaña electoral.

 

B. De las elecciones a la Constitución.

Las elecciones generales se convocaron para el 15 de junio de 1977. La campaña electoral fue larga y bulliciosa, y despertó el interés por la política de muchos españoles. Las elecciones se celebraron con normalidad y hubo una alta participación de los ciudadanos.

Los resultados dieron como grupo más votado al centroderecha (UCD), seguido del centroizquierda (PSOE). Nació así un bipartidismo imperfecto, caracterizado por la existencia de dos grandes partidos parlamentarios con posibilidades reales de llegar al poder, y una serie de minorías importantes como el PCE (tercera fuerza más votada) , AP, nacionalistas catalanes y vascos y el PSP de Tierno Galván.

Tras las elecciones, Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático en julio de 1977. Las Cortes elegidas asumieron la función de elaborar una constitución en la que se debía basar el nuevo régimen democrático. Era la tarea más urgente de aquel momento.

La Constitución se realizó con el consenso de todos los partidos. Fue el mismo consenso que llevó a la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977. Se pretendía que la Constitución fuera aceptada por todas las fuerzas políticas democráticas, por lo que su elaboración fue larga y laboriosa. La llevó a cabo una comisión parlamentaria en la que estaban los más destacados grupos políticos, excepto el PNV. Tras 16 meses de discusiones fue aprobada por el Congreso y  el Senado. Fue una tarea difícil ya que hubo muchísimas discrepancias y tensiones. Sólo el PNV se desvinculó del texto. Poco tiempo después, el 6 de diciembre de 1978, fue aprobada en referéndum por los españoles.


 C)  LA CONSTITUCIÓN DE 1978.

1.    El proceso constituyente.

Tras ser aprobada la LRP, se convocaron elecciones en junio de 1977 con los partidos políticos ya legalizados. Un año y medio después se promulgó la Constitución, pues aunque no se habían convocado Cortes constituyentes, éstas actuaron como tales. Debido a la voluntad de consenso, se produjo un proceso constituyente largo,  con duros enfrentamientos entre los “padres de la Constitución”, puesto que el punto de arranque de los diversos partidos era divergente: UCD hubiera deseado un texto corto elaborado por especialistas; los comunistas ponían el acento en los derechos sociales; los catalanistas incidieron más en la organización territorial del Estado, etc.

Descartada la opción de UCD, se acordó la formación de una ponencia de siete personas: tres de UCD, una del PSOE, una de los catalanistas, una de AP y otra del PCE. Se les conoce como los “padres de la Constitución”. Las dificultades a la hora de redactar el texto surgieron por el enfrentamiento entre la UCD y el PSOE en asuntos como la educación, el aborto, la pena de muerte, y cuestiones socio-económicas. Los temas más debatidos se resolvieron a través de entrevistas personales entre los líderes de los partidos, de manera que se fue logrando el consenso.

La Constitución fue aprobada por el Congreso en julio de 1978. Sólo votaron en contra o se abstuvieron la extrema izquierda, los nacionalistas vascos y algunos diputados de AP. En el Senado se introdujeron algunas reformas y se hizo el último intento para que el PNV se sumara al consenso. Aunque no se llegó a un acuerdo, los nacionalistas vascos dejaron claro que actuarían dentro del marco constitucional. La aprobación parlamentaria definitiva tuvo lugar en octubre, y el referéndum se celebró el 6 de diciembre de 1978. La participación fue baja (69 % del electorado) porque se daba por descontada la aprobación. La abstención más elevada se produjo en el País Vasco.

El esfuerzo realizado por llegar a un acuerdo se aprecia en el hecho de que fue votada por personalidades tan distintas como Fraga (procede de la derecha franquista) o Carrillo (comunista). Fue la primera constitución española con tan amplio abanico de apoyos. El consenso también se logró a la hora de acordar la existencia de un Tribunal Constitucional -a quien debía someterse la interpretación del contenido de la Constitución-, y a la hora de acordar la existencia de leyes orgánicas relativas a los derechos de la persona que exigían una mayoría cualificada en el Congreso (mayoría absoluta).

La Constitución de 1978 está influida por textos semejantes que estaban vigentes en Europa, como la italiana y la alemana. También fueron muy influyentes las propias constituciones españolas, sobre todo la de 1812 y la de 1931. Las innovaciones existentes no tienen mucha trascendencia.

2.   Los contenidos.

*   Al ser aprobada la Constitución, en 1978 se instauró un régimen democrático constitucional. Dicha Constitución es la ley fundamental del país, donde se recogen las normas que regulan cómo se ha de gobernar España, y donde se garantizan los derechos individuales y colectivos de todos los españoles.

Al ser un régimen democrático, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Se trata de una democracia representativa, es decir, los ciudadanos eligen a quienes quieren que sean sus representantes.

España se define como una Monarquía Parlamentaria, lo que quiere decir que el jefe del Estado es el rey. Pero al ser un rey constitucional, reina y no gobierna, y se atiene en todo a las normas de la Constitución.

*     El artículo 1º señala que España  se constituye en un “Estado social, democrático y de derecho” y propugna como valores superiores la libertad, la igualdad y el pluralismo político. El Estado de derecho es aquel tipo de organización política en la que todos los ciudadanos y poderes públicos se encuentran sometidos a la Constitución y a la ley. Un Estado democrático implica que sus instituciones básicas son representativas y están legitimadas por el pueblo a través del sufragio universal. Y un Estado social implica, a su vez, la igualdad de los ciudadanos, posibilitando que éstos ejerzan sus derechos y dando protección a los desfavorecidos.

*    Se establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan  los poderes del Estado.

*   La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. La izquierda española era de tradición republicana, pero ahora, por sentido práctico, aceptó la fórmula  monárquica como solución para liquidar el régimen franquista y asentar la democracia eliminando los peligros de involucionismo. La monarquía tiene una función moderadora y arbitral, y ejerce funciones representativas y de carácter simbólico. En realidad, está dotada de escasos poderes, incluso inferiores a los de otras monarquías europeas. El rey es el Jefe del Estado.

*    España es un Estado no confesional, pero al mismo tiempo se reconoce el papel de la Iglesia Católica, con la que los poderes públicos deben mantener relaciones de cooperación. Esta fórmula fue fruto de un compromiso por el miedo que suscitaba la cuestión clericalismo/anticlericalismo, que en otros tiempos había envenenado la convivencia entre los españoles, y ahora hubiera significado un estancamiento en la redacción de la Constitución. La redacción de la cuestión religiosa fue hecha de forma que se buscó un equilibrio entre las diversas visiones políticas.

*    LOS PODERES DEL ESTADO.

     

      1.   El poder legislativo: las Cortes. Las Cortes representan al pueblo español y  son bicamerales, estando compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Son de elección popular directa (todos los españoles mayores de 18 años) y tienen cuatro años de duración. Se vota por provincias, pues éstas constituyen las circunscripciones electorales, y los votantes deciden a qué partido político le dan su voto.

                        a) El Congreso se compone de un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto. El sistema de elección es proporcional atenuado y de listas cerradas. Cada provincia tiene un número de diputados proporcional a su población.

El Congreso es el que tiene el poder de legislar, es decir, aprobar o derogar las leyes que rigen en el conjunto del Estado, y también es el que aprueba los presupuestos. Es el que nombra al presidente del gobierno mediante la votación de investidura, y el que ejerce la función de control del Ejecutivo. El candidato a la presidencia del gobierno suele coincidir con el representante del grupo político más votado. Este candidato debe presentar su programa al Congreso, y tras la discusión y aprobación del mismo, se realiza la votación de investidura. Una vez investido, el presidente designa a los ministros para formar su equipo de gobierno. El Congreso, en nombre del pueblo español, regula y controla al gobierno, al que puede pedir explicaciones e incluso  plantear una moción de censura al retirarle su confianza. La moción de censura se estableció para evitar la inestabilidad política que caracterizó otras épocas de la historia de España como la Segunda República.

                       b) El Senado.  Es una cámara poco relevante, lo que ha puesto en duda su utilidad. Queda reducido a la consideración de cámara de segunda lectura para los proyectos aprobados en el Congreso. Los senadores revisan las leyes que previamente han pasado por el Congreso de los Diputados y pueden modificarlas, pero son los diputados quienes las aprueban definitivamente. El Senado tiene cierto componente regional, ya que sus miembros son elegidos en representación de las provincias y las comunidades autónomas, pero está lejos de ser una cámara federal. En cada provincia se eligen cuatro senadores mediante un sistema electoral mayoritario y de listas abiertas. Este sistema de elección es distinto al del Congreso, pues los votantes eligen tres nombres de cada lista electoral y los más votados serán los senadores. Además, las comunidades autónomas designan un senador por cada millón de habitantes de su territorio. Estos senadores autonómicos son escogidos de entre los miembros del parlamento de cada comunidad.

 

      2.  El poder Ejecutivo: el gobierno. Es el que dirige la actividad política. Se sirve de la administración para ejecutar las disposiciones legales. El gobierno es un órgano colegiado compuesto por el presidente, vicepresidente/s y ministros. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Debe dar cuenta de su actuación ante las Cortes, y es quien dispone de la facultad de disolver el Congreso y convocar elecciones.

      3.  El poder judicial. Es el tercer poder del Estado y comprende a jueces y tribunales. Se establece el Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional, el cual, junto con el Defensor del Pueblo y el resto de los tribunales, es el encargado de tutelar el sistema de libertades. El poder judicial tiene especial importancia en un Estado de derecho, pues es el que garantiza la sumisión del poder ejecutivo a la ley y al derecho, además de ser el que resuelve los conflictos entre ciudadanos, o entre éstos y la Administración. También se encarga de la defensa de los derechos de los ciudadanos, tanto si son infringidos por particulares como si lo son por los poderes públicos. La función del poder judicial es ejercida por multitud de tribunales que se encuentran diseminados por todo el territorio del Estado. Se autogobiernan mediante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

*   Derechos y libertades.  La Constitución proclama la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia. Hace una enumeración minuciosa de los derechos individuales de los españoles, pero algunas materias resultaron más espinosas a la hora de ser recogidas, como las referidas a la libertad de enseñanza, la admisión del aborto (que quedó recogida de forma ambigua) o la abolición de la pena de muerte. Además, se reconocen otros derechos como la integridad física y moral, la intimidad o la inviolabilidad del domicilio. Sobre las libertades públicas establece:

–          Libertades individuales: de religión, de expresión, de enseñanza, ideológica, secreto de las comunicaciones, etc.

–          Libertades de carácter colectivo: de reunión y manifestación, de asociación, de sindicación, de huelga, etc.

Anuncios

From → Temas

Dejar un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: