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Textos del tema 2

4 octubre, 2011

Selección de artículos de la Constitución española de 1812.

Art. 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Art. 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser pa­trimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.[ … ]

Art. 12º. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabías y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

Art. 14º. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.

Art. 15º. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 16º. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

Art. 17º. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.[ … ]

Art. 27º. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.[ … ]

Art. 168º. La persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a res­ponsabilidad.

Art. 172º. Las restricciones a la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera. No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas, ni disolverlas.

Segunda. No puede el Rey ausentarse del Reino sin consentimiento de las Cortes.

Tercera. No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar o en cualquiera manera traspasar a otro la autoridad real ni alguna de sus prerrogativas [ … ]

Quinta. No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comer­cio con ninguna potencia extranjera, sin el consentimiento de las Cortes.

Séptima. No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin el con­sentimiento de las Cortes.

Octava. No puede el Rey imponer por sí, directa ni indirectamente, contribu­ciones.

Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad ni imponerte por sí pena alguna [ … ]

Duodécima. El Rey, antes de contraer matrimonio, dará parte a las Cortes pa­ra obtener su consentimiento, y sí no lo hiciere entiéndase que abdica la Corona.

Los principios que inspiran la Constitución de 1812

 

«Para darle toda la claridad y exactitud que requiere la ley fundamental de un Estado, ha dividido esta Comisión la Constitución en cuatro partes, que com­prenden: Primera. Lo que corresponde a la nación como soberana e independiente, bajo cuyo principio se reser­va la autoridad legislativa. Segunda. Lo que pertenece al Rey como participante de la misma autoridad y deposi­tario de la potestad ejecutiva en toda su extensión. Tercera. La autoridad judicial delegada a los jueces y tri­bunales. Y cuarta. El establecimiento, uso y conserva­ción de la fuerza armada y el orden económico y admi­nistrativo de las rentas y de las provincias. Esta sencilla clasificación está señalada por la naturaleza misma de la sociedad, que es imposible desconocer, aunque sea en los gobiernos más despóticos, porque al cabo los hom­bres se han de dirigir por reglas fijas y sabidas de todos, y su formación ha de ser un acto diferente de la ejecu­ción de lo que ellas disponen […] La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad, en un Estado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una sola mano. Su separación es indispensable…»

AGUSTÍN DE ARGÜELLES: Discurso preliminar al presentar la Comisión de Constitución el Proyecto de ésta (24 diciembre 1811)

 Decreto de abolición de los señoríos.

Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan:

I. Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condición que sean.

II. Se procederá al nombramiento de todas las Justicias y demás funcionarios públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo [ … ]

IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad.

V. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquéllos que por su naturaleza deban incorporarse a la nación, o de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición.

VI. Por lo mismo los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos, u otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular a particular.

VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demás; quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común, y a las reglas municipales establecidas en cada pueblo.

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