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Tablas y gráficas tema desamortización (siglo XIX)

Comparativa entre la desamortización eclesiástica y la desamortización civil

 

LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA Y CIVIL ENTRE 1834 Y 1856

Desamortización eclesiástica Fincas rústicas Fincas urbanas
1836-1844 110945 13113
1845-1854 3731 1329
1854-1856 24845 5205

 

Desamortización civil 1834-1856 Fincas rústicas Fincas urbanas
Corporaciones 16859 3327
Estado 5074 661
     

 

Fuente: Manual de Vicens- Vives, según estadísticas del Ministerio de Hacienda

 

 

Evolución de la desamortización en el siglo XIX

 

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Textos tema desamortización

1. Desamortización de Mendizábal

 

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública […..] conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1o. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que

hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo.

Artículo 2o. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.

 

Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836

 

2. Desamortización de Madoz

 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han decretado y nos sancionamos lo siguiente:

Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del exinfante Don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores.

Se procederá a la enajenación -expropiación- de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas a medida que lo reclamen sus compradores (…)

Los compradores de las fincas quedan obligados al pago, en metálico de la suma que se les adjudique (…)

Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas (…) se destinan a los siguientes objetos:

1º. A que el gobierno cubra (…) el déficit del presupuesto del Estado (…)

2º. El 50 % de lo restante a la amortización de la Deuda Pública (…)
3ª. El 50 % restante a obras públicas de interés y utilidad generales (…)

Ley de Desamortización. (1 de mayo de 1855)

  1. Real de Decreto 29 de julio de 1837

Decreto de las Cortes suprimiendo la contribución de diezmos y primicias y todas las prestaciones emanadas de los mismos.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española reina de las Españas, y en su nombre doña María Cristina de Borbón, reina regente y gobernadora del Reino, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes generales han decretado y nos sancionamos lo siguientes:

Las Cortes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente:

1.- Se suprimen la contribución de diezmos y primicias y todas las prestaciones emanadas de los mismos.

11.- Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que consistan, de cualquiera origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas o adquiridas, se adjudican a la nación, convirtiéndose en bienes nacionales.

Tema extra siglo XIX: La desamortización

TEMA DE LA DESAMORTIZACIÓN (Siglo XIX)

1.- Introducción.
Este tema hay que situarlo históricamente en la época de las Regencias y en la época isabelina, dentro del contexto de la evolución económica española de esos momentos.
La desamortización forma parte del largo proceso de implantación del liberalismo, el cual comenzó en 1808 -con las Cortes de Cádiz- y culminó durante el reinado de Isabel II (1843-1868). El sistema liberal que se fue implantando está vinculado al concepto de propiedad privada, entendida ésta como sagrada e inviolable. Considera el liberalismo que el derecho de propiedad implica el derecho a disponer libremente de la misma por parte del titular, del propietario. También parte del principio de que el Estado debe garantizar la inviolabilidad de la propiedad y la libertad para disponer de ella. Es decir, el Estado no debe intervenir ni limitar el derecho que se ejerce sobre dicha propiedad.
Durante el periodo de las Regencias (1833-1843) se produjeron una serie de cambios en la vida económica del país que van a significar la instauración definitiva de la sociedad burguesa y capitalista. Estos cambios se realizaron en medio de una permanente agitación política y con el trasfondo de la guerra carlista. El resultado de estos cambios fue una sociedad de ricos y pobres, sociedad de clases y no de estamentos, jerarquizada en función de la riqueza y no del nacimiento, como había ocurrido en el Antiguo Régimen.
La riqueza que define la posición social la otorga la propiedad: quien es propietario puede pertenecer a las clases dirigentes, quien carece de propiedad es un simple trabajador y tampoco tiene derechos políticos (sufragio censitario).
Casi todos los cambios que se produjeron en el periodo de la revolución liberal tuvieron un doble propósito:
Establecer y consolidar la plena propiedad privada, sin las limitaciones del Antiguo Régimen.
Formar una clase dirigente compuesta por propietarios (los antiguos señores y los nuevos capitalistas).
La transformación se produjo en dos fases: la época de las Regencias, cuando el cambio se dirige fundamentalmente a desmantelar el Antiguo Régimen; y el reinado de Isabel II, en que se construye la legalidad sobre la que descansa la sociedad capitalista triunfante

2.- La desamortización.
La desamortización supone la incautación por parte del Estado de bienes de propiedad colectiva, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente incautación pasan a ser vendidos mediante subasta pública convirtiéndose así en una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición.

a)La desamortización antes de Mendizábal.
Ya en el reinado de Carlos III los ilustrados realizaron una crítica de los bienes amortizados (nobiliarios y eclesiásticos), considerándolos como la principal causa del estancamiento agrario. Con Carlos IV, Godoy emprendió una desamortización de bienes eclesiásticos para recaudar fondos que sufragaran los gastos militares. En total se vendió la sexta parte del patrimonio de la Iglesia.
.       Durante la Guerra de la Independencia las Cortes de Cádiz elaboraron una legislación que permitía sacar al mercado libre bienes que en el Antiguo Régimen no podían cambiar de manos, para que fueran objeto de compra y venta. Iniciaron la desvinculación de los bienes de la nobleza, lo que supuso abolir los señoríos y convertir en propiedad particular y libre las tierras antes vinculadas. Esta medida no implicaba un cambio de propietario, sino la transformación de los antiguos señores en propietarios con titularidad plena y libre sobre sus bienes. Además de la desvinculación, las Cortes de Cádiz iniciaron la desamortización de los bienes eclesiásticos de los conventos y órdenes religiosas, y la puesta en venta de los mismos, pero la restauración del Antiguo Régimen en 1814 con Fernando VII significó la anulación de estas medidas y la devolución a los frailes de los bienes vendidos.
Durante el Trienio Liberal (1820-1823) volvieron a entrar en vigor las disposiciones de las Cortes de Cádiz, de manera que se reanudó la desamortización, vendiéndose buena parte de los bienes de los conventos. Pero en 1823 Fernando VII volvió a restituirlos.

b)La desamortización de Mendizábal.
Junto con la posterior desamortización de Madoz, constituye una de las desamortizaciones más destacadas. A partir de 1833 (inicio de la regencia de Mª Cristina), el proceso desamortizador se precipitó por varias razones:
Para ganar la guerra carlista el Estado estaba obligado a obtener recursos en un momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido por la falta de credibilidad del Estado ante las instituciones extranjeras.
Para recuperar la confianza en el Estado era preciso eliminar o disminuir la deuda pública que, dada la mala situación de la Hacienda, debía hacerse a través de nuevas vías de financiación que serían las ventas de los bienes eclesiásticos.
Permitir el acceso a la propiedad de sectores burgueses que mejorarían la producción  y la revalorizarían. Además, se crearía un sector de nuevos propietarios  vinculados al régimen liberal y al bando cristino.
Cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, que de amortizada  y colectiva pasaría a ser libre e individual.

Con estos objetivos, en 1836 Mendizábal emprendió la primera de las dos grandes desamortizaciones de la época liberal. Mediante decreto, declaró en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas), y todos los fondos obtenidos se destinarían a la amortización de la deuda pública. De esta manera, quedaron en manos del Estado para pasar a subasta pública tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, en 1837, otra ley amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular (catedrales e iglesias), aunque su ejecución se llevó a cabo en 1841, durante la regencia de Espartero. Con la vuelta de los moderados en 1844, se suspendieron las subastas, aunque se garantizaron las ventas ya realizadas. En total, entre 1836 y 1844, se desamortizó el 62 % de las propiedades de la Iglesia. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después a partir de un precio de salida. Los lotes, en teoría, eran asequibles a compradores de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían dinero disponible, sabían pujar y podían controlar las subastas. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20 % al contado, y el resto se pagaba aplazado, admitiéndose para el pago los títulos de la deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

c)   La desamortización general de Madoz.
La segunda gran desamortización fue la iniciada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855, como parte del programa de gobierno del Bienio progresista. La Ley de Desamortización General establecía la venta en subasta pública de todos los bienes de propiedad colectiva: los de la Iglesia no vendidos en la etapa anterior, los de los municipios -bienes de propios si se destinaban al arriendo, o comunes si eran utilizados por los vecinos del pueblo- , y los pertenecientes al Estado. Se trataba, por tanto, de completar el proceso desamortizador iniciado por Mendizábal en 1836. El procedimiento utilizado fue similar: incautación y venta en subasta pública, admitiéndose también el pago aplazado, pero siempre en efectivo. El volumen del dinero acumulado por la ventas fue casi el doble al de  la desamortización anterior. También en este caso uno de los objetivos principales fue obtener ingresos para la Hacienda, pero, además, se intentó consolidar una clase media favorable al régimen liberal y fomentar el desarrollo económico del país a través de la construcción del ferrocarril.

d)   Consecuencias de la desamortización.
La desamortización no supuso ni un reparto de tierras ni una reforma agraria, sencillamente porque no formaba parte de los planes del Estado, que lo que buscaba era recaudar fondos. Sin embargo, no resolvió el problema de la deuda, aunque contribuyó a atenuarlo, tanto a través de la recaudación directa de las ventas, como por el hecho de que comenzaron a tributar muchas propiedades que antes estaban exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. Fue en los años cincuenta, gracias a la desamortización de Madoz y al desarrollo económico, cuando realmente disminuyó de manera significativa la deuda del Estado.
La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada, pero no un aumento de los rendimientos, ya que las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales y de baja calidad. Es decir, la producción agraria aumentó, pero no lo hizo la productividad.
El desmantelamiento casi completo de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, ya que el diezmo también fue suprimido en 1837. Por esta razón, el Estado se comprometió a mantener al clero y a subvencionar el culto.
En cuanto a la estructura de la propiedad de la tierra, la desamortización no solucionó los problemas de desequilibrio, ya que acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura, y el minifundismo en el norte y noroeste.
En lo social, significó la consolidación de una burguesía terrateniente que se dedicó a invertir en la compra de tierras. Esta burguesía se constituyó en la élite que detentaba el poder durante el reinado de Isabel II, vinculándose al régimen liberal tal como había previsto Mendizábal. Los que no compraron fueron los campesinos que, o no recibían información, o no sabían pujar en las subastas, ni tenían dinero para hacerlo. Apareció así un proletariado agrícola de más de dos millones de campesinos sin tierra compuesto por jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y a un trabajo estacional. Además, con la desamortización de Madoz, al eliminarse la propiedad comunal, se produjo un agravamiento considerable de la situación económica del campesinado, que se vio privado del uso y disfrute de los antiguos bienes del municipio.
En conjunto, la desamortización contribuyó al cambio hacia la sociedad burguesa. Significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios, y la fusión de la antigua aristocracia con la burguesía moderna para crear la nueva élite terrateniente. Aunque la desamortización no cumplió las grandes esperanzas de quienes confiaban en realizar una reforma agraria, ni condujo a la industrialización del país (“enterró” capitales), no debe ser considerada un fracaso total.

Tablas e Imágenes del tema 15

Presidentes del gobierno en la monarquía de Juan Carlos

 

Carteles de la campaña electoral de 1996

Tejero, durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981

El rey Juan Carlos, leyendo su discurso televisado en la noche del 23 de febrero de 1981

Logotipo anunciador de la Exposición Universal de Sevilla de 1992

 

Resultados electorales de octubre de 1982

 

Congreso (nº de diputados) Senado (nº de senadores)
PSOE                           202 PSOE                 134
CP (AP)                        106 CP                        54
UCD                               12 CIU                         7
CIU                                 12 PNV                        7
PNV                                  8 UCD                        4
PCE-PSUC                       4 Otros                       2
CDS                                  2  
HB                                     2  
Otros                                 2  
Total                               350  

 

Textos del tema 15

1. Discurso de dimisión de Adolfo Suárez (1981)

 

            Hoy tengo la responsabilidad de explicarles (…) las razones por las que presento, irrevocablemente, mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de Unión de Centro Democrático (…).

No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. (…)

Se puede prescindir de una persona en concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos.

Discurso televisado a   la nación, 29 de enero de 1981.

 

2. Mensaje televisivo del Rey después de la tentativa de golpe militar (1981)

 

«(…) Ante la situación creada por los sucesos desarrolla­dos en el palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente(…).

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.»

Discurso televisado a   la nación, 24 de febrero de 1981.

3. Discurso de investidura de Felipe González (1982)

 

El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la Constitución, y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por nuestra parte (…) Ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas desviarán la decisión del Gobierno de hacer cumplir la Constitución (…) El 28 de octubre supone la más importante derrota moral para los que desean suplantar la voluntad de los ciudadanos (…)

Trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión, dentro del horizonte dado por la presente legislatura (…)

Examinaremos también con toda atención los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con los Estados Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la defensa de nuestros intereses y de nuestra dignidad, la decisión adoptada por el anterior Gobierno español en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español.

Discurso de investidura de Felipe González en 1982. Diario ABC. 1 de diciembre de 1982.

 

4. Discurso de investidura de Aznar (1996)

Señor Presidente,

Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.

Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia y traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas, no resueltos, corregir errores y alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.

El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular […] en la opción política más votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de mayoría absoluta en el Congreso.

De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la Legislatura: en primer lugar, una voluntad de cambio político; en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, de más decisiones compartidas en nuestra vida pública.

Discurso de D. José María Aznar en la sesión de investidura, en el Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1996

 

5. Selección de artículos de la LOGSE (1990)

Artículo 5

1. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la enseñanza básica. La enseñanza básica comprenderá diez años de escolaridad, iniciándose a los seis años de edad y extendiéndose hasta los dieciséis.

2. La enseñanza básica será obligatoria y gratuita.

 

Artículo 6

1. A lo largo de la enseñanza básica se garantizará una educación común para los alumnos. No obstante, se establecerá una adecuada diversificación de los contenidos en sus últimos años.

2. Los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros o rdinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los dieciocho años de edad.

Artículo 17

El nivel de educación secundaria comprenderá:

a) La etapa de educación secundaria obligatoria, que completa la enseñanza básica y abarca cuatro cursos académicos, entre los doce y dieciséis años de edad.

b) El bachillerato, con dos cursos académicos de duración a partir de los dieciséis años de edad.

c) La formación profesional específica de grado medio, que se regula en el capítulo cuarto de esta ley.

 

Artículo 18

La educación secundaria obligatoria tendrá como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la in corporación a la vida activa o para acceder a la formación profesional específica de grado medio o al bachillerato.

 

 

Tema 15. Los gobiernos democráticos (1979-2000)

TEMA 15. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2000).

1 INTRODUCCIÓN.

Desde 1979 hasta el presente, España ha atravesado tres etapas políticas distintas. La primera, de gobierno de la UCD, se prolongaría hasta 1982, año en que triunfó en las elecciones legislativas el PSOE, que gobernó durante catorce años, hasta 1996. La tercera comenzó cuando en marzo de ese año triunfó en las elecciones legislativas el Partido Popular.

La sociedad española ha vivido desde la consolidación de la democracia una época de cambio, de crecimiento y de modernización sin precedentes. Sin embargo, partiendo y apoyándose en el desarrollo que trajo la industrialización de los años sesenta.

2 LOS GOBIERNOS Y EL DECLIVE DE LA UCD (1979-1982).

2.1 LOS GOBIERNOS DE ADOLFO SUÁREZ.

En marzo de 1979 se celebraron elecciones legislativas, una vez terminado el período constituyente. El triunfo de UCD, más ajustado que en 1977, no significó el inicio de un período de estabilidad, pues las dificultades de la coyuntura eran todavía enormes.

La crisis económica se afrontó con una política de consenso, hilvanada en los Pactos de la Moncloa, que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1979) y el Acuerdo Nacional (1981). Sin embargo, no se emprendió una política de reformas de la estructura productiva, porque la vida política era la prioridad del gobierno.


El relativo fracaso de UCD en las elecciones municipales de abril de 1979, a partir de las cuales se constituyeron ayuntamientos de izquierdas en las grandes ciudades, anunció las inmediatas dificultades de la UCD. Pero fue el proceso autonómico y las divisiones internas lo que evidenció la debilidad del partido y precipitó la crisis del gobierno. El resultado de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña (marzo de 1980), donde perdió la mitad de los votos conseguidos en 1979 a favor de otras fuerzas políticas, puso de manifiesto la pérdida de apoyo de la política gubernamental. Al mismo tiempo, la oposición se consolidaba y se beneficiaba del malestar social y político.

Asimismo, las divisiones dentro de la UCD se acentuaron: existían discrepancias en los contenidos de las reformas básicas como la de Enseñanza (Estatuto de los Centros Docentes) y la de Administraciones públicas (Ley de Autonomía Universitaria, Ley de Incompatibilidades de los Cargos Públicos). También afloraron diferencias ideológicas entre los sectores más derechistas (democristianos, liberales y el reformismo franquista) y los de centro-izquierda (socialdemócratas).

Adolfo Suárez, pues, se mostró más eficaz en el desmantelamiento del franquismo que en la edificación de la democracia, y no consiguió un liderazgo incontestable dentro de la UCD, ni tampoco como presidente del gobierno. En mayo de 1980 tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes. Desde entonces la parálisis gubernamental fue casi total, lo que repercutió en el incipiente sistema democrático. El gobierno no avanzaba en las reformas que permitían adecuar los aparatos del Estado a la nueva legalidad constitucional. Además, el terrorismo de ETA, GRAPO, FRAP, añadió una notable tensión en la construcción de la democracia y situó la violencia en primer plano de la vida política.

El 29 de enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió como presidente del Gobierno y renunció a la dirección de la UCD.

 

2.2 EL 23 DE FEBRERO Y SUS CONSECUENCIAS.

 

La amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente de la reacción militar, de contenido ultra y corporativo. Un parte del Ejército era franquista y decididamente hostil al proceso democrático. En este sector la reivindicación del franquismo convivió con la alarma provocada por la legalización del Partido Comunista, por el desarrollo autonómico, por el terrorismo y por la anunciada reforma del propio Ejército. Estos factores precipitaron una acción subversiva que cristalizó en el golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. Otros sectores de la extrema derecha, organizaron grupos de pistoleros como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A o el Batallón Vasco Español.

La trama golpista, con conexiones civiles, que pretendía la destrucción de la democracia aguardaba el momento propicio. Los golpistas aprovecharon la dimisión de Suárez y mientras se votaba la investidura del nuevo presidente en Las Cortes, Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entraba y anunciaba la llegada de una nueva autoridad militar y mantenía como rehenes a todos los diputados.

El capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques a la calle mientras se constataba el temor de la población civil y la división de los militares. Hasta que el Rey no compareció por televisión, de madrugada, y descalificó a los sublevados, no hubo seguridad del fracaso del golpe de Estado. Sólo un civil y 32 militares, con el general Alfonso Armada como oficial de mayor rango, fueron juzgados en un Consejo de Guerra: las penas fueron mínimas. Sin embargo, el Tribunal Supremo intervino, previo recurso del gobierno, y aumentó sensiblemente las condenas.

El fracaso del 23 de febrero representó el principio de la desaparición de la amenaza militar, aunque ésta tardaría algunos años en desvanecerse. La intentona militar había puesto de relieve la fragilidad del sistema democrático. El monarca, que había salido fortalecido de la sublevación a causa de su actuación contra la misma, convocó al día siguiente a los líderes parlamentarios a fin de reafirmar la lealtad de todos para con las instituciones. El 25 era investido Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno.

El 27 se celebraban en toda España manifestaciones multitudinarias en defensa de la democracia.

 

2.3 EL GOBIERNO DE CALVO SOTELO.

Calvo Sotelo inició una política de cierto consenso con el PSOE. El 22 de junio de 1981 se aprueba la Ley de Divorcio. El 30 de junio de 1982 se aprobaba la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), ley pactada con el PSOE. Ambos partidos pretendían limitar las competencias de las Autonomías. Los nacionalistas la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, y en parte, fue rectificada.

La política exterior recibió un impulso notable. Los objetivos básicos eran la integración en la Comunidad Europea y la OTAN, y las relaciones con América Latina. El gobierno no obtuvo el apoyo socialista respecto a la entrada de España en la OTAN. El 29 de octubre de 1981 -con los votos en contra de las fuerzas de izquierda- el Congreso de los Diputados autorizaba la tramitación para la adhesión de nuestro país al Tratado del Atlántico Norte.

Los conflictos internos en el seno de UCD continuaban a pesar de que estaban llevando al partido a su destrucción. Los mayores problemas del gobierno se localizaban en su propio grupo parlamentario. Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982. La UCD se desmoronó.

 

  1. LOS GOBIERNOS DEL PSOE: 1982-1996

3.1. LA LLEGADA AL PODER

Desde el congreso de 1979, en el que el PSOE había abandonado el marxismo, el partido se fue abriendo a otras corrientes de pensamiento progresista al tiempo que adquiría una gran disciplina, con el objetivo de alcanzar el poder.

Para las elecciones de 1982 elaboró un programa electoral que proponía numerosas reformas, pero sin cuestionar l modelo de sociedad occidental. Se benefició de ser una fuerza bien cohesionada frente a la imagen de disgregación de UCD y PCE.

La victoria en las elecciones de 1982 fue espectacular, casi un 49 % de los votos y más de 10 millones de votos. Este éxito fue reforzado en las elecciones municipales y autonómicas de 1983. La gente se había decantado por la política del cambio que protagonizaban los socialistas.

El 3 de diciembre de 1982 Felipe González constituyó el primer gobierno enteramente socialista de la historia de España. Fue un gobierno que se caracterizó por la moderación política en la línea de la socialdemocracia europea.

3.2. LA ECONOMÍA

En el aspecto económico lo primero fue hacer una política de “ajuste”. El ministro de Economía, Miguel Boyer propuso sanear la economía: control de precios, del paro (800.000 puestos de trabajo fue una oferta electoral), reducción del déficit exterior y del déficit público. Al mismo tiempo se llevó cabo un proceso de reconversión industrial (naval y siderúrgico) que ya iniciaran los gobiernos de UCD (se vieron afectados unas 800 empresas y 83.000 trabajadores). Para reducir el paro en el campo se potenció el PER (Plan de Empleo Rural); para intentar industrializar las zonas deprimidas  se diseñaron las ZUR (Zonas de Urgente Industrialización). Otro aspecto destacado de esta primera gestión fue la expropiación del holding de RUMASA, dirigido por José María Ruíz Mateos, debido a las irregularidades de la empresa.

De 1985 a 1990 se produjo una etapa de crecimiento económico superior a la media europea. Creció la producción industrial, los beneficios de las empresas, las inversiones extranjeras y el turismo. Pero también se produjeron efectos negativos: aumento de precios, inflación, menor crecimiento de los salarios, liberalización del mercado de trabajo, etc. Estos elementos llevaron al gobierno de Felipe González al enfrentamiento con los sindicatos (en 1985 dimite como diputado Nicolás Redondo, secretario general de la UGT); el 14 de diciembre de 1988 fue convocada la primera huelga general contra el gobierno socialista.

De 1990 a 1993 se produce una recesión en la economía: aumenta el desempleo, el déficit del Estado, se devalúa la peseta. Esta situación se complica con la firma del Tratado de Maastrich en 1992 que imponía unas condiciones económicas duras para llegar a la moneda única. Lo característico de esta etapa fue la liberalización en la economía: eliminación de monopolios (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera), reducción del INI (desaparece en 1995), política de privatización de empresas con capital público (SEAT, Endesa, Iberia), la concentración y fusión bancaria (Bilbao-Vizcaya, Hispanoamericano-Central).

De 1993 a 1996 se lleva a cabo una nueva reactivación de la economía: control y rigor en los presupuestos, modernización económica, reforma del sistema impositivo (IVA) y generalización del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).

 

3.3. LOS ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES. EL ESTADO DE BIENESTAR

Los socialistas emprendieron una serie de reformas para expandir el estado de bienestar:

–                Impulsaron una legislación sobre derechos y libertades: objeción de conciencia, asistencia legal,  Hábeas Corpus, situación de la mujer, inmigrantes, despenalización del aborto (violación, malformación y riesgo para la madre), nuevo Código Penal (1995) para dar respuesta a los nuevos delitos (blanqueo de dinero, acoso sexual, medio ambiente…).

–                Reforma de las Fuerzas Armadas: reducción del ejército, modernización, incorporación a Europa y a la OTAN y participación en acciones fuera de España (Guerra Golfo Pérsico, 1991; Bosnia, 1992; Euroejército, 1993).

–                Ley General de Sanidad que avanzaba hacia la cobertura universal. Endurecimiento de los requisitos para cobrar pensiones.

–                Ley de Reforma Universitaria (LRU, de 1983).

–                Ley Orgánica de derecho a la educación (LODE, 1985).

–                Ley orgánica general del sistema educativo (LOGSE, 1990).

Durante estos años la sociedad española fue cambiando: más plural, igualitaria, preparada, secularizada, desmilitarizada…

 

3.4. LA POLÍTICA EXTERIOR

Los gobiernos socialistas consolidaron la presencia española en los organismos internacionales y acabaron definitivamente con la etapa de aislamiento.

El primer paso fue el abandono por los socialistas de sus postulados antiimperialistas y neutralistas y promovieron una política internacional que establecía como objetivos prioritarios la CEE y la OTAN y los contactos con Iberoamérica y el Mediterráneo.

Sobre la OTAN: la posición socialista cambió a un “OTAN, de entrada no”: de la posición contraria y anuncio de retirada si ganaba las elecciones de 1982, a una política de permanencia. Así, en 1986 fue planteado un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, haciendo la campaña a favor del Sí: “En interés de España, vota Si”. El referéndum se saldó con una participación del 60%, y con un 52,5 % de los votos afirmativos.

Sobre la CEE: España llevaba negociando años y desde 1977 la situación estaba estancada. Para salir de esa situación el ministro Fernando Morán comenzó una política de acercamiento a Francia, Alemania y diálogo con el Reino Unido. De ese modo las negociaciones se agilizaron y el 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. El 1 de enero de 1986 España formaba parte de la “Europa de los doce”.

Sobre Iberoamérica, se potenciaron las relaciones culturales y los intercambios económicos. También fueron defendidos frente a los gobiernos europeos y a los EE.UU.

Sobre el Mediterráneo: se intentó llevar a cabo una política de estabilidad en el norte de África (buenas relaciones con Marruecos y Argelia). En el conflicto árabe-israelí: España recoció a Israel en 1986 y al tiempo se elevó a la categoría de embajada la representación de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat). Intentos de mediación en el conflicto: Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid en 1991: firma de acuerdos de paz y retirada de Israel de los territorios ocupados, restablecimiento de la Autoridad Palestina.

Fruto de toda esta labor fue el reconocido prestigio internacional que fue alcanzando España y que llevó a que varios organismos internacionales fuesen dirigidos por españoles: UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; Parlamento Europeo, Gil Robles (hijo); OTAN, Javier Solana.

 

3.5. DECLIVE SOCIALISTA (1993-1996)

En las elecciones del 6 de junio de 1993 el PSOE, pese a creerse lo contrario, fue la fuerza más votada con 159 diputados, seguido del PP con 141. Felipe González fue de nuevo investido presidente, ahora con el apoyo de CIU, PNV y Coalición Canaria. Fue un gobierno débil, que contó con el apoyo de CIU a cambio de la cesión del 15 % del IRPF a las Comunidades Autónomas (pero los catalanes no entraron en el gobierno).

Los esfuerzos del PSOE se centraron en la lucha contra la crisis económica y en lograr la entrada en la zona euro (fuerte ajuste y control presupuestario, liberalización del mercado del trabajo). Esta política los llevó a un fuerte desgaste que se vio empeorado por los escándalos y desprestigios que salpicaron al PSOE:

–                El caso Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno (dimitió en 1991 por la presiones), acusado de aprovecharse del puesto del  hermano.

–                El caso Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de malversación. Fugado y después capturado

–                El caso Filesa, sobre la financiación irregular del PSOE.

–                El caso Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, acusado de cobro de comisiones.

–                Estafas y fraudes de Mario Conde y Javier de la Rosa, banqueros y financieros que gozaron  del favor del gobierno en sus actividades.

–                El caso GAL (Grupos Armados de Liberación), que actuaban contra ETA con apoyo desde el gobierno.

–                El caso de los papeles del CESID (Centro Superior de Investigación para la Defensa).

Estos casos rematan en el encarcelamiento de varios dirigentes socialistas (Barrionuevo, ministro del Interior) que agudiza la crítica situación por la que pasa el PSOE.

En este contexto la vida política se crispó enormemente con una durísima oposición hecha por el PP dirigido por José María Aznar. El escándalo de las escuchas ilegales del CESID hizo que CIU le retirase el apoyo al gobierno; así, los presupuestos para 1996 no fueron aprobados; la situación era tan difícil que Felipe González decide adelantar las elecciones para marzo de 1996.

En las elecciones del 3 de marzo de 1996, el PP tuvo 156 deputados mientras el PSOE caía a 141 deputados: fue una amarga victoria para el PP (los sondeos daban una mayoría más amplia) y una dulce derrota para el PSOE (se temía una fuerte caída).

 

4 LOS POPULARES EN EL GOBIERNO (1996-2004).

4.1 LA GESTIÓN DE LOS POPULARES.

 

En las elecciones de 3 de marzo de 1996 el PP consiguió la victoria, pero con una ventaja sobre el PSOE muy reducida. La organización socialista había demostrado tener una resistencia muy superior a la que en principio cabía esperarse. La escasa distancia que separaba a los dos grandes partidos en votos -unos 300.000- se tradujo por efecto del sistema electoral en una diferencia algo mayor en el número de diputados: 156 frente a 141.

El Partido Popular, al igual que había ocurrido con el PSOE en la anterior legislatura, precisaba para gobernar del auxilio de algún otro partido. CIU volvió a cumplir con ese cometido tras acordar con el PP la cesión del 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas. Apoyó a los populares en el Parlamento, pero siguió negándose a participar directamente en el ejecutivo. Asimismo, el PNV y Coalición Canaria pactaron con el PP sus respectivos apoyos.

El triunfo electoral del PP significó el inicio de una nueva gestión política. Sin embargo, no supuso una ruptura sustancial con la línea del PSOE. La alternancia había funcionado, signo de una democracia estable.

La recuperación económica que se inició en 1995 se consolidó en los años de mandato de los populares. Una política antiinflacionista y de rigor presupuestario practicada por Rodrigo Rato desde el ministerio de Economía y Hacienda y la buena coyuntura económica internacional dieron como resultado un crecimiento medio por encima del 3% y permitieron cumplir con los requisitos de convergencia: 2% de inflación, tipos de interés en el 6,9%, déficit público en el 2,9% y la deuda pública en el 68,1% del PIB. El paro también cayó al 15% al final de la legislatura.

El 1 de enero de 1999, España pudo incorporarse al grupo de países fundadores del euro.

El gobierno del PP aceleró considerablemente el proceso de privatización de empresas públicas (Repsol, Endesa, Telefónica…) y prosiguió la liberalización de los mercados del gas, electricidad y petróleo. Así mismo, pactó con los sindicatos cambios que tendían a flexibilizar el mercado laboral, pero también a incrementar la estabilidad en el empleo.

La política exterior se asentó sobre las mismas coordenadas anteriores. En 1997 España se incorporó a la estructura militar de la OTAN. En 1999, participó en las operaciones de bombardeo de la Alianza Atlántica contra territorio yugoslavo en la guerra de Kosovo. En América Latina, Aznar tuvo que reconsiderar la política de firmeza que aplicó con Cuba en los primeros momentos de su mandato.

En política interior el gobierno culminó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Quedaban reducidas a 150.000 efectivos y se suprimía el servicio militar obligatorio a partir de 2003. Mantuvo una posición firme ante la dinámica abierta en el País Vasco con la firma del Pacto de Estella/Lizarra en septiembre de 1998, cuando ETA declaró una tregua indefinida a la que puso fin un año después.

El PP vio cómo al final de la legislatura el resto de los partidos aprobaba en las Cortes contra su voluntad la Ley de Extranjería.

 

5 CONCLUSIÓN.

La experiencia democrática en España cuajó definitivamente. Después de un siglo y medio luchando por conseguir las libertades democráticas, los españoles, aprobada la Constitución de 1978 hemos podido participar en la política de nuestro país. En los últimos 30 años diversas fuerzas políticas han gobernado en nuestro país, de una ideología y otra, con mayor o menor resultado, pero democráticamente al fin y al cabo.

Ahora habría que mirar hacia el futuro que nos espera. Todo pasaría por un aumento en las decisiones políticas que pasen, cada vez más, por consultar al pueblo, no sólo con la celebración periódica de elecciones cada cuatro años, sino por una participación activa, día a día, en la política española, mediante la celebración de referéndums para las cuestiones más importantes, y fomentando la colaboración de todos los ciudadanos-as en la vida municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes del tema 14

Comisión redactora del proyecto de Constitución de 1978

Firmantes de los Pactos de la Moncloa

Portada de la revista Time en Junio de 1977

Verano de 1977. Grupo parlamentario de UCD, partido vencedor de las elecciones democráticas de junio de 1977

Juan Carlos de Borbón pronuncia su discurso durante el acto de proclamación como rey el 22 de noviembre de 1975

Resultado de las elecciones generales el 15 de junio de 1977